Monday, July 11, 2016

Quintana Roo: en riesgo el estado de derecho

Sin duda, la crisis de inseguridad que dura ya una década ha dañado la imagen de México. Diez años de durísimas cifras de homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones…

A pesar de lo anterior, los extranjeros siguieron viniendo a México. A hacer turismo, y a hacer negocios. Se han impuesto récords turísticos y no hay mes que no se anuncie la llegada de nueva (o renovada) inversión extranjera.

Lo anterior no constituye una paradoja. A los gobiernos extranjeros claro que les preocupa la inseguridad, pero en los años en que América Latina se pobló de gobiernos con discursos adversos al capital (los Kirchner, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia; Chávez y Maduro, en Venezuela, etcétera), México era visto como un lugar donde, a pesar de todo, el estado de derecho subsistía. Por ello, venir a hacer negocios aquí era menos riesgoso que en algunos lugares “pacíficos”.

Esa nada desdeñable situación, hoy ha sido puesta en riesgo por, entre otros, Roberto Borge, gobernador (es un decir) de Quintana Roo.

La semana pasada una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (@MxVsCORRUPCION), realizada en conjunción con la revista Expansión, desveló un esquema de expolio que a pesar de su fachada legal ha provocado la preocupación de cuatro gobiernos europeos.

Titulado “Los Piratas de Borge”, el reportaje firmado por Silber Meza y Mariel Ibarra documenta la maquinaria oficial que lo mismo sirve para congelar cuentas bancarias de empresas medianas y de otras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que para apropiarse de condominios, terrenos y hoteles frente al Caribe mexicano.

El detallado reportaje (http://bit.ly/29xBe8E) expone casos en los que a una autoridad digna de ese nombre no se le ocurriría validar a ciegas, como de hecho hizo el gobierno de Quintana Roo, quejas laborales de supuestos empleados de nivel medio, que al interponer una demanda aseguran que ganaban más de 700 mil pesos al mes.

Vale la pena leer el reportaje para conocer los engranes del mecanismo empleado para despojar, donde la constante es la indefensión de los demandados (entre los que hay extranjeros): nunca son notificados de los chapuceros recursos en su contra y sólo descubren estos cuando ya han sido despojados de tierras, inmuebles o cuentas bancarias.

La investigación de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad coronó reportes publicados previamente, y da una visión panorámica de un rapaz esquema que no se ha detenido ni siquiera después de las elecciones del 5 de junio, fecha en que el gobierno de Borge fue vapuleado en las urnas.

Los autores de “Los Piratas de Borge” publicarían un día después del reportaje, una comunicación que con fecha 5 de julio cuatro gobiernos –Países Bajos, Portugal, Francia e Italia– redactaron para demandar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se haga “una profunda y seria investigación para determinar con toda la justicia y de acuerdo a la Ley los derechos de los operadores e inversionistas de los hoteles en esa zona de Tulum”. (http://bit.ly/29qKz1a)

Antes y después de la publicación del reportaje, el gobierno de Quintana Roo prefirió guardar silencio. Lo único que se supo, eso sí, fue que tras la publicación de este reportaje el abogado de una de las empresas denunciantes recibió una amenaza para que le “bajara de huevos”.

Así de grave es lo que pasa con gobernadores como Borge, que logran que se ponga en riesgo la imagen de México como un país al que algo de seguridad jurídica le quedaba.

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